Velando por los desechos humanos

Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hizo lo que todos los juristas sabíamos que iba a hacer: decir no a la doctrina Parot. Era un secreto a voces, por mucho que las víctimas del terrorismo se aferrasen desesperadamente a la idea de humanidad del Alto Tribunal Europeo. En lo que a la ley se refiere, no hay más humanidad que aquello que está escrito. Es crudo, pero debemos aceptar que es así, porque si no conocemos las reglas del juego, nunca podremos ganarlo. También era clamorosamente evidente que la Audiencia Nacional correría a cumplir los términos de la sentencia europea, a pesar de que muchas voces decían ayer que España tenía la posibilidad de ignorarla, porque dichas sentencias eran meramente declarativas, lo cual, aunque cierto, es sólo una media verdad. La otra mitad es que la aplicación de sus sentencias le corresponde al órgano judicial nacional que, conforme a las diversas legislaciones nacionales, tenga la potestad de ejecutar las resoluciones del caso en cuestión. En España, tratándose de terrorismo, la Audiencia Nacional. Sería totalmente absurdo hacer el esfuerzo económico y administrativo de formar un Tribunal Europeo, de la clase que sea, para que conozca de determinados casos, si luego sus resoluciones van a ser papel mojado. Vean si no lo que ha costado que se pongan de acuerdo sobre las competencias del Organismo Supervisor de la banca europea. Es evidente que si estos organismos no tuvieran capacidad para hacer que se acatasen sus resoluciones, los países no tardarían tanto en decidir si es oportuno crearlos y que competencias les permiten.

No, no ha sido ninguna sorpresa esta decisión. Aunque eso no significa que nos haya dolido o indignado menos. Creo que ha sido exactamente al contrario. Si bien es cierto que es a nosotros, los españoles, a los que afecta esta sentencia. Nosotros somos los que vamos a tener circulando por nuestro territorio a lo peor que retienen los centros penitenciarios. Bueno, todos nosotros no, claro, porque el señor López Guerra, único representante español en el TEDH, no vive en España. Quizás por eso no le ha temblado el pulso cuando ha votado a favor de tumbar la doctrina y excarcelar a Irene del Río. La verdad es que por más que salga el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, (que es además el Presidente del Tribunal Supremo), Don Gonzalo Moliner, diciendo lo absurdo que es achacar a López Guerra el mérito de esta sentencia, aquí hay cosas que huelen a podrido. Por una parte, tenemos la certeza de que el PSOE, concretamente, Rodríguez Zapatero, lo colocó justo donde está para que hiciera justo lo que ha hecho. Al menos, eso dijo ETA en su momento cuando negoció con el PSOE su abandono de las armas, que no su rendición. Yo, aunque no soy muy partidaria de la famosa frase “ETA mata, pero no miente”, en este caso concreto me lo creo. No es que crea que ETA no miente, que lo hace como el que más, sino que siempre que lo hace sigue el mismo patrón que todos los mentirosos: el beneficio personal. ¿Quién se beneficia de esconder este punto del pacto con ETA? ¿La banda terrorista o el gobierno que pactó con ella? La respuesta es obvia.

No obstante, todo lo anterior podría haber pasado desapercibido, y quedar como una mentira más de la banda terrorista si el señor López Guerra hubiese votado sí a la doctrina Parot. Tan sencillo como eso. Pero ha votado en contra. Como catorce miembros del TEDH. Catorce extranjeros que, sentados en sus arrellanados sillones europeos, juzgan que el sistema español vulnera los derechos de la alimaña que ha sesgado 23 vidas por pensar lo contrario a ella. Catorce, más el señor López Guerra, nos dejan a quince sujetos velando por los deshechos humanos. Sólo dos han votado sí a la doctrina Parot. Ninguno español. Dos: Paul Mahoney (Reino Unido) y Faris Vehabovic (Bosnia-Herzegovina). Estos dos caballeros han sostenido, en especial Mahoney, que no se ha producido violación del Convenio. Dos contra quince. Y el señor Moliner nos acusa de caer en lo fácil, culpar a López Guerra, cuando el que ha caído en eso es el señor al que defiende. Si con su trabajo en contra de la doctrina Parot, dos miembros se han negado a votar en contra, ¿cuántos habrían votado a favor si hubiera trabajado en sentido contrario? Son magistrados, están para sopesar argumentos y convencerse apoyándose en la legalidad. Y algún asidero debe haber cuando dos de ellos han votado a favor de la doctrina. No, el señor López Guerra ha traicionado a su país de la manera más indigna y cobarde: acomodándose a lo fácil. La promesa hecha a los asesinos le ha pesado más que la hecha a la Justicia. Y nosotros, los españoles decentes, hemos tenido como defensor más ardoroso a un británico. Ironías de la vida, teniendo en cuenta el tema de Gibraltar.

Lo único que puedo reconocerle al señor Moliner es que la culpa no es exclusiva de López Guerra. El mismo Moliner también se lleva su ración, por salir de la coyuntura con unas manifestaciones tan pestilentes y poco dignas del Presidente de nuestro más alto Tribunal de Justicia. Tampoco podemos obviar la parte que le corresponde a la Audiencia Nacional, que si bien tiene obligación de ejecutar la sentencia, bien podría darse la misma prisa para decidir sobre otras cuestiones, en lugar de dilatarlas hasta el aburrimiento. Hablo de los permisos por enfermedad de etarras que luego están en celebraciones públicas y demás. Debe ser que como en este tema no hay órgano europeo que les tire de la oreja, no les parece un tema urgente. Tristes tiempos en que el hacer justicia no es motivo suficiente para la celeridad en los procedimientos. Pero más allá de los mencionados, como dice mi preparador, hay vida. Existen jueces y magistrados fuera de la Audiencia Nacional. Existen miembros del Gobierno. Existen Diputados y Senadores. ¿Por qué los nombro? Porque ellos tienen su gran ración de culpa en un día como hoy. Un día en el que escuchamos una y otra vez que sólo nos queda la aplicación de la sentencia. Que pocas oportunidades tienen los abogados de la víctima. Que una vez que se sienta jurisprudencia, apaga y vámonos. No hay salida, esa es la conclusión. Resignémonos y veamos como salen uno a uno los delincuentes más monstruosos de nuestras cárceles y no hagamos nada, porque nada se puede hacer. Mentiras que se cuentan los cobardes, quizás para dormir bien por la noche, con seguridad para no hacer lo correcto.

La jurisprudencia no nace por generación espontánea. No surge en la cabeza de los magistrados un buen día porque las musas, gentilmente, les susurran amorosamente en sus oídos. La jurisprudencia necesita un asunto determinado y legislación. Partiendo de ahí, hay muchos principios donde apoyarse para crearla. Mucho campo para la interpretación. Al menos, en los ámbitos que al legislador le interesa. Y cuando digo legislador, me refiero al Gobierno, la Oposición y los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. Que ellos, y no otros, son los que legislan. Y si pasa, como ahora, que el Gobierno tiene mayoría absoluta, legisla él. Y ahora llegamos al tema central del asunto. El problema subyacente en este tema no es que el TEDH nos tumbe la doctrina Parot. El problema es que esta doctrina jurisprudencial la tuvo que crear el Tribunal Supremo y ser apoyada por el Tribunal Constitucional porque nuestro sistema penal y penitenciario tiene carencias demoledoras. Existiendo ya artículos para determinar cómo deben ser aplicadas las penas y los beneficios penitenciarios, ¿por qué íbamos a interpretarlos de otra forma diferente a su tenor literal? Sencillo: porque son caldo de cultivo para la reincidencia y la masacre en masa.

Tenemos un sistema que permite que una persona sea condenada a 1.000 años de cárcel pero no le permite pasar más de 40 en ella. Estos 40 se ven reducidos a un máximo de 30 cuando empezamos a aplicarles beneficios penitenciarios. Pensémoslo bien, porque es escalofriante. Hagas lo que hagas, por muy monstruoso, salvaje e inhumano que sea, sólo lo vas a pagar 30 años. Como mucho. Porque ahí tenemos al asesino de las niñas de Alcasser que, gracias a todo esto, sólo va a cumplir 17 años. Tres niñas brutalmente asesinadas, cuestan 17 años. Algo falla en un país donde el sistema penal obliga a cumplir las penas íntegras a delincuentes de delitos menores, olvidando oportunamente hundir con todo su peso a los monstruos de este tipo. Fallan los legisladores, los políticos, los Gobiernos con mayoría absoluta en el Congreso y los miembros de la Administración de Justicia. Porque nadie se atreve a dar un puñetazo en la mesa y hacer tal reforma del sistema penal y penitenciario que no haya Tribunal Europeo que pueda decir esta boca es mía. Hoy se escucha mucho eso de “nos han tumbado una doctrina jurisprudencial para un caso concreto, no la ley”. Bien, pero esa doctrina existe porque la ley falla. Dejad de llevaros las manos a la cabeza y poner manos a la obra. Se que es muy “progre” abogar por no tener pena capital y creer en la reinserción. Y se que la Constitución actualmente no deja margen para la primera. Pero no dice nada de la prisión permanente. Nada. Ahí tenemos a Francia, que la tiene en su sistema penal. Y no vamos a ver al TEDH dándole tirones de oreja por tenerla. Es su derecho elegirla y su elección mantenerla, y no hay más vueltas. En cuanto al sistema penitenciario, dejémonos de tonterías de una vez. Poniendo la prisión permanente, no cabría la reducción de condena: permanente es permanente. Y si la ponemos que sea permanente revisable, seamos tajantes: que no se aplique la reducción de condena para los delitos de sangre. Es lo mínimo que se puede hacer.

Por desgracia, tendremos que seguir escuchando decir que no hay salida a esta deplorable situación. Aunque algunos sabemos que no es cierto. Y en medio de tanta rabia y tristeza, comprobamos con alegría, si que en un día así esta palabra tiene cabida, que cada vez somos más los que lo saben. Así que, ¿quién sabe? Quizás algún día, esperemos que no muy lejano, tengamos un Presidente del Gobierno que tenga más vergüenza que sentido político y arregle nuestro sistema penal. O los componentes del sistema judicial despierten y recuerden que la Justicia es una amante rencorosa que siempre viene a cobrarse las promesas incumplidas, y comiencen a trabajar para fomentar este cambio. Al fin y al cabo, ¿no tienen un presidente afroamericano en Estados Unidos? Mientras haya una sola persona que luche por él, cada sueño tiene la posibilidad de convertirse en realidad.