Hoy me voy a meter en un “jardín” del que, posiblemente, no salga bien
parada a ojos de la mayoría. No obstante, no encuentro más motivo para no
hacerlo que el miedo al famoso “qué dirán”. Calibrado en su justa medida, es un
riesgo bastante pequeño, ya que la difusión de este blog no es precisamente
apabullante. Pero aunque así fuera, aunque tuviera la certeza de que mis
palabras serían leídas por muchas personas, mi elección no sería diferente. En
la primera de sus entradas, hace ya algunos meses, asenté la base fundamental
del mismo: ser mi lugar sagrado. La única condición que me impuse para hacerlo,
la única que me obligaría cada vez que me pusiera a escribir, sería ser sincera
conmigo misma y con lo que pensaba, fueran cuales fueran las consecuencias que
conllevara esa sinceridad. No queda, pues, más opción que ser coherente y
cumplir aquello que me prometí.
El delicado tema que ronda mi cabeza desde hace algunas semanas surgió a
consecuencia de las declaraciones que Toni Cantó, actual Diputado del Congreso
por UPyD, hizo sobre la comúnmente llamada “Ley de Violencia de Género”. El
señor Cantó publico ciertos datos en su cuenta de Twitter sobre las denuncias
falsas que se producen en este ámbito. Datos que, desgraciadamente, no estaban
contrastados y que, posteriormente, fueron refutados por los organismos
oficiales correspondientes. Obviamente, y como era de esperar en este país, se
armó un revuelo de aúpa, pidiendo su cabeza y su dimisión. Cantó no tardó en
retractarse y pedir perdón por los datos denunciados, entonando el mea culpa
por su ingenuidad al no contrastarlos. No obstante, fiel a su manera de pensar,
subrayó que la citada Ley es ineficaz y desacertada, exhortando a las
autoridades competentes a estudiar su reforma inmediata.
Se ha hablado mucho sobre la ausencia de veracidad de esos datos.
Básicamente, creo que es de lo único que se ha hablado a raíz de esas
declaraciones. Las múltiples asociaciones feministas, y las nombro
especialmente por la parte que les toca, no han hecho comentarios sobre ningún
aspecto más de esta polémica. Y lo cierto es que no solamente los hay, sino que
son mucho más importantes. Coincido en que uno, sobre todo en temas sensibles,
debe andar con pies de plomo a la hora de airear datos. Pero dado el caso
concreto, no me parece una equivocación significativa. Es más, diría que
incluso ofrece una buena oportunidad para poner en primera plana un tema que
para estas asociaciones debería ser de capital importancia. Y digo
correctamente debería porque después de ver como se limitan a insultar y pedir
dimisiones como si de políticos se tratasen, en lugar de aprovechar la
coyuntura para avanzar en sus nobles propósitos, tengo la fundada sospecha de
que se han acomodado en la manera fácil de hacer las cosas. Una manera muy
famosa, desde luego, y bastante frecuentada, pero que apenas te permite avanzar
en tus propósitos.
Un buen sablazo al problema de la violencia de género habría sido dar un
paso al frente y decir “bien, señores, no hay tantas denuncias falsas como ha
manifestado el señor Cantó. Pero puesto que las hay, ¿qué medidas legales se
usan para detectarlas?” Claro que habría sido una pregunta tan incómoda de
contestar como de formular, porque esas asociaciones saben, o deberían saber,
la misma verdad que se yo: no se han previsto medidas para eso. La realidad es
que en este tema, una mujer puede ir a cualquier comisaría o dependencia
policial y denunciar que su expareja o pareja actual ha ejercido cualquier tipo
de violencia sobre ella, y la consecuencia inmediata es que ese sujeto va a
pasar una noche en el calabozo. Como mujer, puede ser una medida muy
tranquilizadora, pero como jurista, me preocupa bastante. Me apostaría un brazo
a que la mayoría de los que estudiamos Derecho hemos sufrido un tremendo shock
cuando, en nuestra primera clase de Derecho Penal, el profesor de turno nos
soltó la lapidaria frase de “El Derecho Penal no sólo protege a la víctima,
sino también al delincuente”. Pasado el trauma inicial, uno va comprendiendo
que hay un largo camino desde la denuncia hasta la sentencia, y que establecer
unas garantías determinadas es lo más acertado para que las cárceles no estén a
rebosar de personas inocentes. Aún así, las hay. Los jueces no son infalibles,
ni los medios de prueba incontestables. No obstante, habría muchos más de no
existir estas garantías. Por eso, después de que uno se meta esa frase y sus
lógicas consecuencias en la cabeza, choca encontrarse con un delito que la
incumple de manera flagrante y, para colmo, legal.
Un segundo aspecto a resaltar de estos procesos es, además de la absoluta
veracidad que se da a la declaración de la víctima, aunque no haya ninguna otra
prueba que la apoye, la anulación del principio “in dubio pro reo”. Este
principio obliga a que, en caso de duda, el juez dictamine a favor del
imputado. Menos en este ámbito, que en caso de duda, no se va a optar por la
versión de la víctima. Y sigo diciendo que no me parece mal como mujer, pero
que una vez más, la jurista que hay en mí se revela. Y en este punto, lo hace
apoyándose en otra lección aprendida: la seguridad jurídica. ¿Por qué este
proceso permite que todos los principios fundamentales del Derecho Penal se
vulneren? Justo éste. Ni el asesinato, ni la violación, ni el homicidio, ni la
explotación sexual. Hay una lista enorme de delitos que, sintiéndolo en el alma
por aquellas mujeres que de verdad son víctimas de delitos de violencia de
género, me parecen bastante más graves. Porque, usando la fría lógica, el que
maltrata de cualquier forma a la mujer con la que mantiene una relación, lo
hará sólo con ella. En número considerable de casos, tendrá dos o tres víctimas
más a lo sumo. Pero lo normal en este tipo de delincuentes es que no tengan un
número alto de víctimas. Pero el que viola, el que asesina, el que explota
sexualmente a personas, no es delincuente de una víctima, ni de tres, ni de
cinco. La regla general es que tendrá una larga lista de víctimas, tan larga
como su vida o como su tiempo en libertad, dependiendo de lo que termine antes.
Viven para eso, ese es el gran objetivo de sus vidas. Los agresores de género,
normalmente, se ceban en una sola víctima, que les ha permitido tener ese poder
sobre ellas. Y por eso, si se revela, si tardíamente muestra resistencia,
intenta acabar con su vida. Entonces, y sólo entonces, busca una nueva persona
con la que desempeñar el rol dominador que le hace sentirse quien es.
Esto no quiere decir, de ninguna manera, que los sujetos que maltratan a
mujeres me parezcan menos delincuentes que los otros. Todos, del primero al
último, forman parte de lo más despreciable del planeta. Pero, en mi particular
barómetro, no son lo más despreciable. Por eso, no entiendo que se quiebren
principios tan importantes para este caso concreto y no, por ejemplo, para los
casos de abusos de menores. Desde mi punto de vista, no hay nada más atroz que
abusar sexualmente de un niño. La sola idea de que una criatura inocente y
sensible sea marcada de por vida por semejante humillación y atropello me
revuelve el estómago. En este caso, la fría lógica a la que recurría antes se
me nubla, y sólo me da, con mucho esfuerzo, para buscar todos los resquicios
legales que me permitan aplastar a semejante monstruo bajo el contundente peso
de la ley. Peso que, si se permite, aplasta sin remedio. Sólo en caso de que no
sucediera así, renegaría de todo principio legal y moral para ajusticiar a
estos monstruos de la única manera que se merecen: con una carencia absoluta de
piedad.
Pero la realidad es que una mujer presuntamente maltratada está más
protegida que un menor del que se ha abusado con certeza. Y esto me molesta
profundamente. No ya como jurista, sino como mujer. Podría dar muchas razones,
muchas, pero me contentaré con ilustrarlo con un ejemplo real, que puede ser
contrastado por cualquiera que tenga amigos o parientes que sea funcionarios en
un juzgado de ámbito penal. En los procesos de abusos de menores, sobre todo
por debajo de los diez años, jamás, y lo digo con contundencia porque es así,
se verá a un menor fingir sus daños. Ni siquiera se retractará de sus heridas.
Las mostrará una a una, gracias al trabajo de expertos, que se las tendrán que
arrancar de las fuertes garras del dolor y la vergüenza más profundos. De la
otra parte, es muy frecuente ver a mujeres en Juzgados de Violencia sobre la Mujer , que lloran
desconsoladas retractándose de su denuncia porque, palabras textuales, “no
quieren que les pase nada a su pareja”. En mi corta vida, no he presenciado
nunca nada más humillante como mujer, que estas escenas. Mujeres que,
reconociendo que son maltratadas, después de dar el valeroso paso de tomar las
riendas de su integridad física y moral, se niegan a continuar con la
acusación. Y, como su palabra es ley, nada pueden hacer los fiscales si no
están dispuestas a ratificarlas en sede judicial. El asunto se archiva, el
sujeto sale del calabozo y aquí no ha pasado nada. Pero sí que pasa. Muchas
veces no a ellas, pero dentro de este mundo, este paso atrás tiene
consecuencias mortales para otras mujeres. Mujeres valientes que no se
retractan, que defienden su libertad como personas y aprietan los dientes en la
cara del miedo. Mujeres que, debido al aluvión de denuncias, no cuentan con una
protección efectiva, porque no hay para todas. Ni siquiera en tiempos de
bonanza se podrían satisfacer las demandas de protección de este tipo. Y, por
desgracia, la cobardía y negligencia de otras mujeres, les cuesta su vida.
Por eso, por todas ellas, me indigna tanto la polémica de la ley de
violencia de género, que, puestos a hablar con propiedad, se llama “Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”. Un nombre que no se usa
completo, y se hace bien, porque esas medidas de protección que tan bien quedan
en el título, son escasas, ineficientes y ridículas en la vida real. ¿Quieren
que sean eficientes? Sancionen a la mujer que se retracta de la denuncia
realizada. Ya está bien de complacer a las asociaciones de mujeres, que sólo se
encargan de lavar cerebros para que estén tan vacíos como los suyos con
propaganda feminista hueca e inservible. Las denuncias falsas en todos los
demás delitos son castigadas. Éste no debe ser diferente. De esta manera,
ahorremos trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que podrán
tener más efectivos dedicados a para
proteger a quien realmente lo necesita. También irán mucho más rápidos los
Juzgados de Violencia de Género, que no tendrán que dedicarse a tramitar
expedientes destinados a archivarse, y podrán sacar adelante los expedientes
con razón de ser. Puestos a reformar, vuelvo a incidir en que no es el proceso más
adecuado para pisotear los principios fundamentales del Derecho Penal. Un
ajuste de los mismos, vale, pero su anulación no procede. Y, por último, como
soñar es gratis, sería de justicia que se incluyeran los casos de violencia
homosexual. Porque digo yo que si el fundamento es la violencia entre parejas,
será lo mismo si se produce entre mujer y hombre, entre hombres, o entre
mujeres. Si el objetivo es luchar contra un tipo de violencia que pone a uno de
los sujetos en una situación de indefensión especial por la relación que tiene
con su agresor, apliquémoslo sin excepciones. De lo contrario, caemos en la
conducta fácil de hacer lo que quieren las masas y no lo que es justo.
A modo de cierre de esta entrada, sin que sirva de precedente y debido al
delicado tema que he abordado en la misma, no quiero zanjarlo sin hacer ciertas
puntualizaciones:
1.- Las víctimas reales de violencia de género tienen todo mi respeto y
apoyo en la difícil situación que les ha tocado vivir.
2.- Que el delito de violencia de género no sea el más grave de todos los
que existen es mi criterio personal. Hay que partir de que las penas y medidas
que se imponen en Derecho se establecen en base a un peculiar ranking de
gravedad de los delitos y, por tanto, sólo he expresado mi opinión en este
aspecto conjugando fundamentos jurídicos con otros puramente subjetivos.
3.- La anterior afirmación no conlleva en absoluto que dicho delito no me
parezca grave. Lo es, como todas aquellas conductas que están tipificadas como
tal, y por eso merece una protección eficaz dentro de los parámetros acordes
con su naturaleza.
4.- Mi postura en contra de la pasividad hacia ciertas asociaciones de
víctimas de este tipo de violencia no es extrapolable a todas. Es cuestión de
cada uno hacer examen de conciencia. Yo me he limitado a señalar mi sorpresa
sobre el nulo partido que, a mi juicio, se ha sacado en este tema a unas
declaraciones que ponían en primera plana un tema que debería ser en todo
momento su motor de funcionamiento.
5.- Las críticas hacia la Ley
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género han
sido realizadas conjugando los conocimientos jurídicos, la experiencia
profesional en este tipo de procesos y la lógica opinión subjetiva que emana de
todo ello.
6.- La anterior manifestación no quiere decir que sean las reformas más
adecuadas ni las más eficaces. Son, desde mi punto de vista, un mejor punto de
partida que el actual para atajar este problema, pero nada más.
7.- En todo momento, parto de que mi verdad no es la verdad absoluta,
pero también de que ciertas verdades se aproximan a ésta más que otras. Por
tanto, tiene tanta cabida en este mundo y exige el mismo respeto que las demás.
Aquel que no esté de acuerdo tiene la opción de ejercer su derecho a la
libertad de expresión en su propio espacio.
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